Sobre la memoria de la infamia, la desaparición forzada en el Magdalena Medio, Colombia

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Liz Arévalo Naranjo, Colombia

ABSTRACT: Este articulo expone los aspectos principales del libro/informe: Memoria de la Infamia: Desaparición Forzada en el Magdalena Medio (2017) del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia., del cual la autora de este artículo fue relatora y coordinadora de la investigación. Dentro de los aspectos principales, presenta la construcción de memoria histórica sobre desaparición forzada, a partir del análisis testimonial sobre 128 casos de desaparición forzada en 10 municipios del Magdalena Medio (región de Colombia), a   partir de lo expresado por los familiares de las víctimas, desde su experiencia trágica y singular,  da cuenta sobre quienes fueron las víctimas, honrando su dignidad y su historia y quienes fueron los desaparecedores,  el método infame implementado y la forma como el delito se originó y se mantuvo  al no encontrar limites en el sistema de justicia y protección por parte los organismos del Estado Colombiano. También devela la micropolítica creada en tanto guiones y unas formas de explicación del delito que sostienen el método infame establecido por parte del sistema social que implícitamente ha hecho eco de las justificaciones expuestas por los desaparecedores.   Adicionalmente, el articulo da cuenta sobre cómo se utilizaron referentes conceptuales de la teoría critica – poética planteada por Marcelo Pakman (quien fue asesor de la investigación) para realizar el análisis testimonial y como, la teoría se pone al servicio de la construcción de memoria en el contexto de la violación de los derechos humanos.

La desaparición forzada en Colombia como parte del repertorio de violencia del conflicto armado interno que ha padecido el país por décadas, no se circunscribe a un periodo específico y terminado de éste, trágicamente y de modo complejo ha seguido implementándose con cambios y continuidades por parte de diversos actores armados en los territorios. Es por ello que a partir de los derechos de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como a la necesidad de comprensión de la experiencia involucrada en torno a este delito, surge el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica: “Memoria de la infamia: Desaparición forzada en el Magdalena Medio” (2017).

Este informe presenta un análisis testimonial [1] sobre 128 casos de desaparición forzada (117 hombres y 11 mujeres) [2] ,  ocurridos entre 1970 y 2013 [3], en la región denominada Magdalena Medio, ubicada en el centro de Colombia y conformada por 31 municipios de  8 departamentos. Particularmente, el análisis está referido a algunos de los casos menos visibles, ocurridos en 10 municipios de cuatro departamentos (1-Santander: Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cimitarra y San Vicente de Chucurí; 2- Bolívar: San Pablo y Cantagallo; 3- Antioquia: Yondó y Puerto Berrío; 4- Cesar: Aguachica). Ello, teniendo en cuenta por una parte, que esta región ha sido escenario del conflicto armado en la disputa por la riqueza y el control por parte de actores legales e ilegales, así como expresión de conflictos sociales en la lucha por la reivindicación de los derechos de sus pobladores. Y por otro lado, que la desaparición forzada ha sido utilizada por los actores armados como estrategia de guerra y control social y territorial mediante la instauración  del terror y el silenciamiento.

Cuadro 1. Características de la periodización de la DF en el Magdalena Medio

Así, en este informe sobre la infamia de la desaparición forzada (DF), para el cual se contó con el trabajo colaborativo de organizaciones locales defensoras de derechos humanos y se adelantaron  entrevistas a familiares,  líderes y defensores de DDHH, así como talleres psicosociales y análisis del contexto local y regional, el eje son las víctimas directas de este delito atroz: personas en su mayoría en edad productiva (51.5% entre 18 y 40 años), campesinos y habitantes de este territorio en disputa, así como la voz de sus familiares, también considerados víctimas, de acuerdo a la legislación colombiana (Ley 1448 de 2011, orientada a la reparación integral).

De esto modo, los testimonios como experiencias que forman parte de una memoria histórica y que deben vitalizarse como dimensión trágica en sí misma, son el centro de la investigación y orientan los hallazgos sobre quién era la persona víctima, el contexto en el que se dio la DF y quién fue el desaparecedor [4], entre otros aspectos, a fin de conocer los patrones de horror de la tragedia vivida, el correlato íntimo del sufrimiento expresado en los propios testimonios y el tipo de sociedad en la que se produce-aparece la desaparición forzada. Como se señala en el informe, a través de los testimonios se amplía la noción sobre el sufrimiento causado por la actuación humana en un mundo compartido con otros (CNMH, 2017).

Del análisis de los testimonios se identifican patrones de acción y de sentido (recurrencia de aspectos comunes en los testimonios) y surgen cinco categorías de lectura y análisis comparativo donde se aprende desde ‘adentro” en lo dicho y lo no dicho (Agamben, 2005; Gatti, 2008; Pakman, -inédito- [5]) sobre el delito de la desaparición forzada en el Magdalena Medio. Estas categorías que estructuran los capítulos del informe y que se han denominado como la dimensión trágica de la desaparición forzada, se refieren a cómo se cometió el delito, el discurso justificativo, la ausencia de justicia, el impacto de la desaparición y la emergencia de redes de apoyo y solidaridad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el lenguaje ha sido fracturado como posibilidad para expresar y representar lo que ha sido la DF y que su abordaje ataca los límites de la razón y del sentido (Gatti, 2008). Los testimonios hablan sobre la imposibilidad de contar, del vacío como síntoma de lo irrepresentable. Es por ello que siguiendo a Pakman (2014), los testimonios se vitalizan en la experiencia misma vivida, al darles valor desde una dimensión del sentido que no se reduce a la significación lingüística ni a las percepciones sensoriales. Así, desde el trabajo de la memoria se reconoce lo no representable, se trabaja desde la narrativa de lo invisible y se intenta dar lugar a los testimonios desde la misma dificultad de la palabra como vehículo de representación absoluta de la experiencia vivida (CNMH, 2017).

De este modo, los testimonios permiten dar cuenta de la existencia y dinámica de este delito doblemente desaparecido, más si se considera que en la mayoría de los casos prima la impunidad, no hay investigación judicial que informe sobre lo sucedido y reina la indiferencia por parte de la sociedad así como una falta de reconocimiento de las luchas de los familiares y las organizaciones que los acompañan. Por ello, la memoria colectiva que pretende construir el informe a través de los testimonios recogidos y que apunta a una ética de la memoria (Pakman, 2010), se orienta hacia la dignificación de las víctimas y la reflexión social sobre la realidad que hemos construido los colombianos y que ha permitido la implementación y continuidad de este delito infame.

Algunos aspectos sobre la dimensión trágica de la desaparición forzada

Los paramilitares utilizaron la desaparición forzada como una estrategia de guerra porque la desaparición desarticula, paraliza, mata todo, mata la esperanza, mata la fe y deja a otros muertos en vida. (CNMH, 2017, página 284)

Como se ha denunciado, la desaparición forzada busca infligir terror, invisibilizar el crimen y garantizar la impunidad. Particularmente en el Magdalena Medio, la implementación de este delito infame ha sido utilizada por actores armados -principalmente, paramilitares (61.7% de los casos estudiados)-, como un recurso eficaz para generar terror y paralizar a los pobladores, en especial liderazgos políticos y sociales a fin de moldear comportamientos y eliminar opciones políticas o sociales contrarias al orden y los poderes dominantes.  De hecho, el 14% de los casos estudiados (18 personas) corresponde a víctimas con algún liderazgo comunitario, político o sindical. También se ha ejercido de forma indiscriminada para mantener el control sobre determinados recursos lícitos e ilícitos, así como para el control social y territorial.

Wilson José Cáceres el 6 de abril de 1995, salió de su casa ubicada en el casco urbano del municipio de Sabana de Torres (Santander), con el fin de hacer unas diligencias y a su regreso fue interceptado por un grupo de hombres armados pertenecientes a las AUSAC (Autodefensas de Santander y sur del Cesar). Según vecinos, este grupo se lo llevó en un camión y desde entonces no se volvió a saber nada de él. Wilson fue concejal por la Unión Patriótica y candidato por el Movimiento Obrero y Campesino de Sabana de Torres. Al momento de su desaparición era presidente de la cooperativa lechera Aprisa. (CNMH, 2017, página 67)

Desde esta lógica del terror de la Desaparición forzada, la cual es conocida y develada por la comunidad dada su práctica continúa en el tiempo [6] y al propósito mismo de afianzamiento del terror, el cuerpo también se convierte en territorio de la violencia y el perpetrador tiene un poder sin límite sobre éste para evidenciar su poder. Es decir, los cuerpos son cosificados, rotulados, deshumanizados [7] y no les pertenecen a las personas, posibles víctimas, al contrario, están a merced del dominador, al igual que los territorios dominados.

En Cantagallo (Bolívar) fueron ubicados los cuerpos [8] de Pedro Cárdenas Peña, Julio Cesar Torres Estrada, Eliécer Cantillo Oliveros y Miguel Díaz Martínez. En el caso de los dos primeros, gracias a la búsqueda de la comunidad y la familia, los hallaron flotando en el río, y en los otros dos, porque fueron arrastrados por la corriente hasta una playa donde fueron hallados. En estos casos los cuerpos tenían señales de tortura como la quema con ácido y cigarrillo, decapitación -uno de los casos- y abdomen abierto para extraer los intestinos y dificultar que el cuerpo flotara. (CNMH, 2017, página 127)

En algunos casos, la DF es parte de una cadena de hechos violentos (tortura, violencia sexual, entre otros) que somete a las víctimas a tratos crueles y degradantes y  que afecta en buena medida, a las mujeres por su propia condición, tal y como lo relatan los testimonios de los 11 casos recogidos en el informe. Allí, desde una perspectiva de género se exploran las relaciones de violencia y dominación y las condiciones de vulnerabilidad en zonas de conflicto, así como las creencias culturales presentes en el delito y relacionadas con la forma como tradicionalmente se asume lo femenino.

Nuvis Padilla Atencia fue desaparecida en 2003 en el corregimiento Pozo Azul de San Pablo (Bolívar), cuando paramilitares llegaron a donde se encontraba junto con otras personas. A todas estas personas las asesinaron y a ella se la llevaron a Santo Domingo. Un familiar manifestó que ella “fue violada por todos los paracos que llegaron” y se cree que luego fue asesinada y su cuerpo arrojado al río. (CNMH, 2017, página 93)

De este modo, desde discursos justificativos construidos sobre el estigma de la víctima y la destrucción de su identidad, la DF termina validándose  y normalizándose como recurso violento contra personas estigmatizadas y bajo distintos móviles que la justifican: movilizarse o habitar en zonas de presencia de grupos armados, ser considerado como un riesgo para el control y dominio imperante, pertenecer o haber pertenecido a uno de los grupos armados, ser sospechoso de auxiliar a un grupo armado o como forma de resolver conflictos personales o cotidianos, entre otros.

Omar Bernal Bermúdez era oriundo de Puerto Boyacá, tenía 39 años, había cursado la primaria incompleta y era trabajador informal. Vivía en unión libre en la vereda Puerto Matilde, de Yondó (Antioquia) y fue desaparecido el 9 de octubre de 2001 en el barrio La Campana en Barrancabermeja (Santander), cuando se encontraba en un establecimiento llamado Los Cuyos, donde fue sacado por paramilitares, señalado de ser auxiliador de la guerrilla por vivir en zona rural de influencia de ese actor armado. Ante el hecho la familia optó por el silencio durante muchos años y no emprendió acciones por temor a correr la misma suerte. (CNMH, 2017, página 210)

El 30 de junio Alfonso Bautista de 70 años aproximadamente, pensionado de una empresa contratista de Ecopetrol, con 9 hijos e indicios de demencia senil, salió a caminar y testigos lo vieron pasar por el sitio llamado El Retén en Barrancabermeja (Santander), donde los paramilitares acostumbraban robar gasolina. Según versiones fue subido a un carro rojo y desde ahí se perdió su rastro, al parecer por ser testigo delo robo de combustible. (CNMH, 2017, página 70)

El informe se refiere a esto como la micropolítica en torno a la DF, que obedece a los guiones y relatos que explican y justifican el delito desde la lógica de la guerra (amigo/enemigo) y los repertorios violentos y de terror que generan parálisis y silenciamiento [9]; a los significados implícitos compartidos que se instauran por quien ostenta el poder violento y que se  asumen de modo implícito por el sistema social.

El método de la DF, que sigue un patrón planeado y “justificado” [10], está orientado hacia la destrucción de la identidad, no solo por la desaparición del cuerpo sino por la estigmatización y la anulación de la historia de la persona víctima y también de sus familiares, que en ocasiones terminan en el ostracismo social  y el silenciamiento o revictimizadas mediante amenazas y violaciones (desplazamientos, desapariciones)  a fin de impedir la búsqueda y la denuncia. El método también está dirigido a favorecer la impunidad que impera en la mayoría de los casos, en parte por la precariedad del sistema de justicia y la desprotección estatal como por la continuidad de la presencia de los desaparecedores en el territorio, el consecuente temor de los familiares a denunciar [11] y la sevicia misma del delito [12].

José Arístides Amado era agricultor, llegó a la vereda Santa Rosa de Cimitarra (Santander), desplazado desde La Paz por amenazas de guerrilleros de las Farc y fue señalado por paramilitares de hacer parte de un grupo de apoyo a la guerrilla. Un día cuando estaba en compañía de su esposa en el casco urbano del municipio, llegaron cuatro hombres armados y se lo llevaron a la fuerza en una camioneta, no sin antes advertirle a la señora que se fuera para su casa sin decir nada. El impacto del hecho y la amenaza fueron tan fuertes que ella decidió no poner la denuncia.  (CNMH, 2017, página 141)

Lo anterior lleva a la doble desaparición (del cuerpo y la  invisibilización del delito por el ocultamiento de información sobre lo ocurrido y el silenciamiento) y a permitir solapadamente que continúe la ocurrencia de este delito atroz. Además, ante la ausencia de justicia y la impunidad misma, la información sobre el hecho victimizante de la DF es fragmentaria, difusa y se apoya en versiones y rumores que direccionan la búsqueda y la explicación de lo sucedido, bajo el riesgo de adoptar las justificaciones de los perpetradores en el discurso cotidiano y reforzar la impunidad y la ausencia de castigo.

En el caso de Albeiro de Jesús Builes, desaparecido el 10 de marzo de 2002, al parecer por paramilitares en la zona rural de Puerto Berrío (Antioquia), uno de los familiares insistió durante uno de los talleres psicosociales que no se vinculara a Albeiro con algún grupo guerrillero y pidió honrar su nombre. Además aclaró que la guerrilla lo quería reclutar  y que por ese motivo tuvo que desplazarse a otro municipio en 1995. (…) La familia ha cargado con el estigma que construyó el desaparecedor, tanto que no han denunciado el caso de desaparición, ni se han dado acciones de búsqueda.  (CNMH, 2017, página 208)

Marlon Peña Moreno, desaparecido el 21 de marzo de 2007 en Aguachica (Cesar), fue amenazado previamente por las indagaciones que hacía su madre sobre el asesinato de su hermano, Jaime Peña, el 8 de marzo de 2006 por negarse a pertenecer a grupos paramilitares. A su familia la discriminan en el vecindario y el trabajo por ser familiares de “un desaparecido y un asesinado”.  (CNMH, 2017, páginas 69-209)

El método infame de la DF busca en últimas,  devastar con sus efectos la vida de la víctima y sus familiares. Al invisibilizarce el delito por ejemplo, familiares y comunidad quedan expuestas al poder del dominio del grupo armado, a sus reglas y valores (que contribuyeron a la comisión del delito), lo cual configura un contexto micropolítico de violencia que reemplaza los principios democráticos y de respeto de los derechos humanos. Esto termina por afectar las subjetividades individuales y colectivas y ahondar el sufrimiento constante, la incertidumbre, la culpa, la impotencia, la tragedia congelada en el tiempo, la imposibilidad de duelo, la alteración de la cotidianidad…

La familia de Anderson Enrique Mercado (de 16 años, desaparecido por los paramilitares en Aguachica, el 15 de julio de 2001), tiene esperanza de encontrarlo a partir de los rumores que a veces llegan en el sentido de que está en determinados lugares, por ejemplo, en La Gloria o en una isla del río. La madre guarda la esperanza de que esté vivo y por eso cada 24 de diciembre y cada fecha del cumpleaños, así como el día de la desaparición de Anderson, escribe una nota y la envía a la emisora local con la esperanza de que él la escuche (…) En 2004 dos hermanas de Anderson fueron amenazadas y debieron desplazarse por lo que la mamá entró en depresión y temor de salir sola a la calle. En estos años ha permanecido sin hablar y a la espera de respuestas y saber qué pasó con su hijo. (CNMH, 2017, página 224)

Sin embargo, aunque la DF niega los valores que sustentan la convivencia humana y el respeto por la dignidad y la vida, los familiares víctimas así como las personas y las organizaciones que los acompañan, se resisten a ello mediante búsquedas incesantes, pese al riesgo por las amenazas y las agresiones; a denuncias valientes que potencian la voz y los derechos de otras víctimas y familiares; a labores de identificación y documentación de los múltiples casos ocurridos en la región; y a la solidaridad y las redes de apoyo para fortalecer la lucha y la memoria de las víctimas.

Los pasos hacia el reconocimiento y la superación del delito atroz

La pregunta que se deriva sobre el horror de la desaparición forzada en esta región y que pone de manifiesto el informe, indaga sobre los aspectos políticos, sociales y culturales que prevalecen e impiden el cese de la tragedia en torno a este delito.

La deshumanización que se expresa en el  delito de la desaparición forzada y que sigue un libreto de horror y negación de los atributos esenciales de los seres humanos, su cuerpo e identidad, y de las posibilidades de relación y convivencia desde el reconocimiento, sugiere como contrapartida el posicionamiento del respeto a la vida como centro del relacionamiento de los ciudadanos y escenario posible de humanización. Asimismo, la reivindicación de la identidad de la víctima como reconocimiento de lo inadmisible del dolor y la victimización causada, y también, la revaloración de las subjetividades afectadas por el efecto de la doble desaparición a fin de dar validez al mundo social alterado, a los reclamos y el dolor.

La persistencia de guiones sociales dominantes que se erigen sobre identidades polarizadas y absolutas, marginando las relaciones posibles en un país complejo y diverso como Colombia, advierte la necesidad de subvertirlos. De acuerdo con Pakman (2000), a partir de un conocimiento compartido sobre las consecuencias de la DF y la deconstrucción de  las “razones” que la sustentan y los discursos justificativos  que la “trivializan” e invisibilizan.  De igual modo, contrarrestando la tergiversación que el desaparecedor impone sobre la identidad de la víctima, así como los juicios y las valoraciones absolutas de su discurso justificador y que se adopta y afecta a los familiares.

Asimismo, la debilidad institucional y de su aparato de justicia, que no garantizan la verdad y la sanción sobre lo sucedido en torno a los casos de desaparición forzada y que facilitan con ello la impunidad y por ende, la comisión misma del delito, además de la indefensión de las víctimas y sus familiares, obliga a la exigibilidad, la garantía y el cumplimiento de los derechos de las víctimas. Asimismo, al fortalecimiento y la reinvención institucional y estatal en sus distintas instancias como por ejemplo, en los medios de comunicación que frente a los hechos han replicado el discurso justificativo, instalando imaginarios que exaltan el miedo y la necesidad de seguridad y defensa por encima de las tensiones y los conflictos sociales que los enmarcan.

En últimas, la memoria colectiva en torno a la atrocidad de este delito que se plantea en el informe regional apela a las transformaciones requeridas tanto al interior del Estado como al conjunto de la sociedad colombiana, que en general ha sido indiferente e indolente ante esta barbarie. Todo ello con el fin de cerrar el ciclo de infamia de la desaparición forzada y avanzar hacia un proyecto colectivo de país.

Referencias bibliográficas

Agamben, G. (2005). “Profanaciones”. Disponible en http//www.medicinayarte.com/img/agamben-giorgio-profanaciones.pdf

Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena Medio. Bogotá: CNMH.

Gatti, G. (2008). El detenido-desaparecido.Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad. Montevideo: Ediciones Trilce.

Pakman, M. (2010). Palabras que permanecen, palabras por venir. Micropolítica y poética en psicoterapia. Barcelona: Gedisa.

________(2014). Texturas e imaginación. Más allá de la ciencia empírica y del giro lingüístico. Barcelona: Gedisa.

________(inédito). El sentido de lo justo: Ética de las intervenciones sociales. Barcelona: Gedisa.

[1] De los 128 testimonios analizados, 91 son de mujeres, 31 de ellas, las madres de las víctimas.
[2] 11 casos son de menores de 18 años, algunos de ellos reclutados por los actores armados.
[3] Según el Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC), en este período se presentaron 2627 desapariciones forzadas en la región.
[4] Concepto utilizado en el informe para connotar a quien ejecuta ese acto vil y deshumanizador.
[5] Para el momento de la publicación del informe de memoria histórica, el libro de Marcelo Pakman : El sentido de lo justo: Para una ética del cambio, el cuerpo y presencia, no había sido publicado. Como asesor de la investigación compartió ideas y reflexiones que hacen parte de esta producción que fue publicada en 2018.
[6] En algunos de los testimonios recogidos se hace referencia a los lugares donde la comunidad sabía que se llevaban a las personas para asesinarlas, torturarlas y “desaparecerlas”.
[7] En varios casos documentados el cuerpo es intervenido violentamente (torturado, desmembrado) y arrojado a fosas o ríos y cuerpos de agua para borrar toda evidencia e impedir la búsqueda y la investigación.
[8] En solo 13 casos (10%) los cuerpos de las víctimas fueron recuperados.
[9] Por ejemplo, en algunos municipios estudiados el estigma de “guerrilleros” contra sindicalistas o líderes que reclamaban sus derechos laborales o comunitarios o contra campesinos de la zona señalados de ser colaboradores del “enemigo”. También el estigma de “indeseable” para mantener determinado orden.
[10] El libreto común en los 128 casos tiene un momento previo de amenazas y hostigamientos (lo que lo hace selectivo -96 casos-), seguido de retenciones en lugares públicos o en las viviendas de las víctimas, luego el desconocimiento sobre lo que pasó y la ausencia misma, y posteriormente, la aplicación de dispositivos comunicativos que afianzan el terror para asegurar que su efecto trascienda socialmente y perdure en el tiempo.
[11] En los casos en que hubo denuncia (71%), varios familiares tardaron en hacerlo -incluso años-, por miedo y desconfianza en la institucionalidad pública debido a la omisión o complicidad frente al accionar del actor armado y la respuesta deficiente de las autoridades.
[12] El ocultamiento del cuerpo y de toda evidencia (en varios casos se desconoce cómo y por qué fueron desaparecidas las víctimas, simplemente no regresaron -sólo el 10% logró recuperar el cuerpo de su familiar-) en contraste con la visibilidad del clima de terror que busca afianzarse con la comisión del delito.